
El juez Ronnie Abrams del Distrito Sur de Nueva York dictaminó el 13 de marzo que las reclamaciones basadas en la Ley RICO en la demanda colectiva contra Eddy Alexandre, fundador de EminiFX, y sus asociados, son improcedentes. Al mismo tiempo, otorgó a los demandantes un plazo de 30 días para presentar una versión modificada de la demanda, tras haber buscado inicialmente una compensación de al menos 750 millones de dólares.
El juez Ronnie Abrams señaló en su fallo que las reclamaciones basadas en RICO, cuyo núcleo es un comportamiento previo que constituye “fraude en valores”, son excluidas explícitamente por la PSLRA en los demandas civiles RICO, para evitar que los demandantes utilicen el marco de RICO para eludir los requisitos más estrictos de la Ley de Reforma de Demandas Colectivas en Valores (Private Securities Litigation Reform Act).
RICO en litigios civiles generalmente permite a individuos buscar compensación contra partes involucradas en actividades organizadas de fraude, extorsión, entre otros. Sin embargo, en este caso, el fallo confirma que cuando el fraude involucra aspectos de fraude en valores, el uso de RICO se ve restringido legalmente. Además, se dictaminó que las víctimas de un supuesto fraude relacionado con la Iglesia Adventista del Séptimo Día pueden presentar una demanda modificada en 30 días para explorar otras vías legales.
(Fuente: BOP)
EminiFX se presentó como una plataforma de activos digitales y trading de divisas, prometiendo a los inversores duplicar su dinero en cinco meses mediante una “técnica secreta”. Eddy Alexandre, usando su identidad como pastor, recaudó fondos principalmente de seguidores de la Iglesia Adventista y de la comunidad haitiana, logrando captar más de 25,000 personas y 248 millones de dólares.
Los fiscales acusaron a Alexandre de desviar la mayor parte de los fondos para uso personal, sin realizar las inversiones prometidas, y de no informar a los inversores sobre las pérdidas millonarias antes de su arresto. Las acusaciones específicas incluyen:
Malversación de fondos: transferir 14.7 millones de dólares de inversores a cuentas bancarias personales
Gastos personales: comprar un BMW valorado en 155,000 dólares con fondos de inversores
Ocultamiento de información: no revelar las pérdidas reales durante más de tres años de fraude
En 2023, Alexandre admitió cargos de fraude en productos y actualmente cumple una condena de nueve años en una prisión federal de bajo nivel en Pensilvania.
Este caso ha tenido importantes consecuencias legales en los ámbitos penal y civil, con las siguientes decisiones financieras:
· En el proceso penal, Alexandre fue condenado a la confiscación de bienes por valor de 248.9 millones de dólares y a pagar 213 millones de dólares en indemnizaciones. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ordenó en un caso separado a Alexandre y su empresa pagar casi 229 millones de dólares en multas civiles, con Alexandre optando por defenderse por cuenta propia.
· La demanda colectiva civil fue presentada en mayo del año pasado, buscando al menos 750 millones de dólares en compensación. Tras el rechazo de las acusaciones RICO, los demandantes tienen 30 días para reevaluar su estrategia legal.
Es importante destacar que la utilización de la confianza religiosa para perpetrar estafas en criptomonedas no es un caso aislado. Recientemente, un pastor de Colorado, Eli Regalado, fue condenado por violar leyes de valores al recaudar fondos mediante la criptomoneda INDXcoin, alegando que su emisión fue “ordenada por Dios”. Este caso refleja un patrón sistemático en el que la identidad religiosa se usa para facilitar fraudes en criptomonedas.
El juez federal determinó que las conductas previas invocadas por los demandantes en RICO corresponden a fraude en valores, y la PSLRA de 1995 excluye expresamente las demandas civiles RICO basadas en fraude en valores, por lo que dichas acusaciones no son procedentes bajo la ley vigente.
La Ley RICO permite a los demandantes civiles buscar compensación contra partes involucradas en actividades organizadas de fraude o extorsión. Sin embargo, cuando las conductas previas involucran fraude en valores cubierto por la PSLRA, el uso de RICO se ve restringido, y los demandantes deben recurrir a otras leyes federales o estatales.
Los demandantes tienen 30 días para presentar una demanda modificada, en la que pueden ajustar sus fundamentos legales, eliminar o modificar las acusaciones RICO, y explorar otros marcos legales para continuar buscando compensación civil. Además, en el proceso penal ya se han dictado órdenes de confiscación y compensación, por lo que algunos afectados podrían recibir cierta reparación a través de estos procedimientos.