La línea entre seguridad nacional y privacidad personal acaba de volverse más borrosa. Una propuesta reciente de Washington pide a los viajeros de 42 países que entreguen cinco años de actividad en sus redes sociales antes de poner un pie en EE. UU. Estamos hablando de historial completo—publicaciones, cuentas, huellas digitales.

¿El objetivo? El Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes, mejor conocido como ESTA. Es la puerta digital que usan la mayoría de los visitantes exentos de visa. Ahora imagina a los oficiales de aduanas revisando medio década de tus tweets, historias de Instagram y publicaciones en Facebook antes de sellar tu pasaporte.

Esto plantea preguntas incómodas. ¿Quién almacena estos datos? ¿Por cuánto tiempo los conservan? ¿Qué sucede cuando los gobiernos exigen acceso trasero a las plataformas? En un mundo donde los defensores del blockchain abogan por la descentralización y la soberanía de los datos, esto parece un retroceso masivo. La privacidad no es solo una palabra de moda tecnológica—se está convirtiendo en una ficha de negociación geopolítica.