Francia acaba de impulsar enmienda 1649AC, una medida que está haciendo vibrar a la comunidad cripto. ¿La propuesta? Los ciudadanos que posean activos digitales en autocustodia ahora deben informar su valor de mercado exacto a las autoridades, incluso cuando no hayan vendido, comerciado o realizado alguna acción sujeta a impuestos con esas posesiones.

La reacción no se hizo esperar. Los defensores de la privacidad la califican como una grave extralimitación, argumentando que obliga a divulgar datos financieros personales sin una causa legítima. Peor aún, los críticos señalan que esto crea una base de datos centralizada de quién posee qué—esencialmente un mapa del tesoro para actores malintencionados. ¿Las implicaciones de seguridad? No exactamente tranquilizadoras cuando se están pintando objetivos en billeteras privadas.