Un grupo de defensa de los contribuyentes ha llevado su desafío a la Corte Suprema, argumentando que imponer multas excesivas como mecanismo para saldar deudas fiscales viola las protecciones constitucionales. El caso se centra en si las estructuras de sanciones utilizadas en la aplicación de la ley fiscal exceden los límites razonables bajo la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda. Este desarrollo tiene implicaciones para la forma en que se aplican las sanciones financieras en la regulación, pudiendo afectar a los titulares de activos y a los comerciantes sujetos a diversos requisitos de cumplimiento. La decisión de la Corte podría transformar las prácticas de aplicación y establecer un precedente para la proporcionalidad de las sanciones en futuros casos.