Este proyecto desde su nacimiento fue muy diferente: un grupo de personas desilusionadas con la falsa prosperidad del sector cripto decidió hacer las cosas de verdad. Rechazan convertir las transferencias de tokens entre varias carteras anónimas en una especie de finanzas en cadena, y aún más odian esa práctica de tratar la privacidad como una opción, dejando los problemas para que los resuelva el departamento legal cuando ya es demasiado tarde.

Desde su inicio en 2018, la hoja de ruta fue muy clara: para construir una infraestructura de mercado de capitales genuina, es necesario que las reglas se arraiguen en la base, asegurando al mismo tiempo que los datos financieros de los participantes no se conviertan en una tabla pública accesible para todos. Este compromiso no se ha diluido con el tiempo, sino que se ha fortalecido, especialmente durante las iteraciones de la red principal y en su acercamiento progresivo a las necesidades de las instituciones.

Muchas personas al hablar de privacidad en blockchain solo piensan en esconderse. Pero este proyecto redefine la privacidad como una capacidad más práctica: proteger a los participantes de exposiciones innecesarias, mientras que en los aspectos clave permite auditorías de cumplimiento. El verdadero valor de este diseño solo lo entienden las instituciones que realmente emiten herramientas reguladas en la cadena: no solo temen que sus activos sean robados, sino también que la información de las transacciones se convierta en una señal estratégica para sus oponentes, que la identidad de sus clientes sea revertida y descifrada, o que el cumplimiento dependa únicamente de un guardián centralizado.

La solución consiste en vincular la privacidad y la auditabilidad desde lo más profundo de la arquitectura, eliminando fundamentalmente esa dicotomía de "esto o aquello", en lugar de esperar a que llegue una crisis para tener que hacer concesiones.

Para 2026, lo que realmente merece atención ya no serán estas propuestas teóricas, sino—