La minería de criptomonedas en algunas regiones se ha convertido en un juego multidimensional: innovación tecnológica, competencia por la electricidad y presión regulatoria se desarrollan simultáneamente.

Desde el punto de vista del hardware, las máquinas antiguas siguen activas en la zona. Equipos como Antminer S9 y M3, que ya han sido eliminados en la mayoría de las regiones del mundo, todavía pueden generar beneficios gracias a los bajos precios de la electricidad. Esto refleja una realidad: si el margen de beneficio es lo suficientemente grande, incluso tecnologías obsoletas pueden resurgir.

Para evadir la regulación, los mineros emplean diversas estrategias. Algunos conectan la electricidad antes del medidor para evitar registros, otros se disfrazan de proyectos agrícolas para aprovechar tarifas subsidiadas. En el ámbito digital, son aún más astutos: usan VPN, falsifican direcciones IP e incluso utilizan redes satelitales para mantenerse invisibles. En el plano físico, los sitios de minería se esconden en túneles subterráneos, instalaciones militares e incluso lugares religiosos, algunos controlados por fuerzas especiales que también aseguran un suministro eléctrico exclusivo.

Este conjunto de estrategias limita la efectividad de las acciones de las autoridades. Curiosamente, las máquinas confiscadas a menudo son redistribuidas a otros lugares, formando un ciclo de "incautación → recuperación → reinicio". Lo más importante es que las fuerzas armadas también participan en la minería: en una provincia, la capacidad minera alcanza los 175 MW, muy por encima de la capacidad legal total de minería en todo el país.

El conflicto subyacente apunta a la energía. Aunque esa región produce el segundo mayor volumen de gas natural del mundo, la red eléctrica es antigua y frágil, incapaz de absorber la demanda repentina de electricidad generada por la minería. Desde 2021, este problema de escasez de energía ha reaparecido repetidamente.