Argentina ha diseñado y establecido protocolos de identificación y forenses para guiar a las fuerzas de seguridad y policía en la estandarización de sus acciones para combatir el crimen cripto.
Argentina ha dado otro paso hacia el empoderamiento de sus servidores públicos para luchar contra el crimen criptográfico. El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió recientemente la Resolución 117/2025, que describe los procedimientos que los servidores públicos, incluidos la policía y las fuerzas de seguridad federales, deben seguir al tratar con activos digitales posiblemente vinculados al crimen.
El protocolo, que las autoridades argentinas deben seguir ahora, busca estandarizar los procesos necesarios para prevenir la pérdida o alteración de activos digitales en los procedimientos oficiales.
Del mismo modo, la resolución reconoce e identifica que las criptomonedas son herramientas que se están utilizando en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Debido a esto, el Ministerio de Seguridad ha establecido la necesidad de fortalecer la investigación y el rastreo de estos activos cuando están involucrados en actividades criminales.
Con este movimiento, Argentina se sitúa a la vanguardia de Latam en lo que respecta al tratamiento de los delitos relacionados con criptomonedas y reconoce la relevancia de los activos digitales como representantes del dinero.
Y con buena razón: el país ha sido el hogar de varios fraudes criptográficos de alto perfil que han afectado a miles, en su mayoría relacionados con fraudes de inversión y esquemas Ponzi.
El Ministerio de Seguridad es consciente de esta ola de delitos criptográficos y ha estado preparando un conjunto de herramientas para combatirla. En diciembre, el ministerio estableció que las fuerzas de seguridad deberían prevenir la “intermediación financiera no autorizada a través del uso de criptoactivos”, prometiendo rastrear de manera preventiva posibles comportamientos criminales derivados de su uso.
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Las autoridades argentinas obtuvieron importantes victorias en casos de delitos relacionados con criptomonedas el año pasado. En septiembre, se llevó a cabo uno de los primeros decomisos de criptomonedas en una operación de lavado de dinero que mezclaba actividades de contrabando de teléfonos y casinos en línea ilegales.
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Además, en diciembre, las agencias de aplicación de la ley argentinas solicitaron el congelamiento de 3.5 millones de USDT vinculados a Rainbowex, un presunto esquema Ponzi. Este marcó la primera vez que las autoridades legales argentinas interactuaron directamente con Tether en un caso criminal, emitiendo una orden para este objetivo.
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