Guía de introducción a los pagos con criptomonedas — Licencia preferida: DCE Australia

Autor original: Shao Jiadian, Abogado

Introducción

En los últimos años, en las discusiones sobre cumplimiento normativo en proyectos de pagos en criptomonedas y stablecoins, la DCE (Intercambio de Moneda Digital) australiana ha sido vista a menudo como una vía de entrada relativamente “amigable”: no requiere licencia financiera, basta con registrarse en AUSTRAC y establecer un sistema anti-lavado de dinero para poder realizar intercambios entre criptomonedas y moneda fiduciaria.

Pero si se mantiene esta interpretación en el 2026, las evaluaciones suelen ser erróneas. Porque lo que Australia está modificando no es simplemente una “licencia” específica, sino que se está reestructurando toda la lógica de regulación de los servicios de activos virtuales.

La verdadera cuestión que hay que responder ha cambiado de “¿es fácil hacer DCE?” a: bajo la nueva estructura regulatoria, ¿qué posición ocupa la DCE? ¿Qué problemas puede resolver aún y cuáles no puede resolver claramente?

Posición legal actual de la DCE en Australia: rol de regulación anti-lavado, no licencia financiera

Bajo el sistema vigente, la llamada “DCE australiana” se basa principalmente en la Ley de Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de 2006 (AML/CTF Act) y sus reglas complementarias. Desde el punto de vista legal, la DCE no es una licencia de servicios financieros en el sentido de la Ley de Sociedades de 2001, ni implica que la empresa sea reconocida como institución financiera. Su esencia es: cuando una empresa ofrece servicios de intercambio entre moneda digital y moneda fiduciaria, queda incluida en el sistema de regulación anti-lavado de dinero de AUSTRAC, convirtiéndose en una entidad reportante.

Los aspectos clave de esta regulación son muy claros:

• ¿La empresa identifica a sus clientes (KYC/CDD)?
• ¿Puede monitorear transacciones y detectar anomalías?
• ¿Cumple con obligaciones de reporte de transacciones sospechosas, etc.?

En esta etapa, AUSTRAC no evalúa el modelo de negocio en sí ni juzga si la empresa “es adecuada” para realizar este tipo de actividades. La lógica regulatoria es típicamente ex post (posterior): primero se permite que el mercado funcione, y luego se corrige mediante aplicación de la ley, auditorías y sanciones. En este marco, la DCE ha sido durante mucho tiempo una “puerta de entrada” para proyectos de pagos en criptomonedas, OTC, stablecoins, etc., para cumplir con las normativas.

Cambio clave en 2026: actualización del marco AML/CTF y mecanismo de “confirmación de registro”

El verdadero punto de inflexión proviene de una revisión sistemática del sistema AML/CTF en Australia. A finales de 2024, Australia aprobó la Ley de Enmienda AML/CTF de 2024, impulsada por el Ministerio del Interior y AUSTRAC, que clarifica la incorporación más sistemática de servicios designados relacionados con activos virtuales (virtual asset-related designated services) en el marco de regulación anti-lavado de dinero. Según los planes publicados, el cambio clave en relación con los activos virtuales será el 31 de marzo de 2026. Esta reforma trae al menos tres cambios sustantivos:

Primero, la regulación pasa de centrarse en “DCE individual” a un “conjunto de servicios de activos virtuales”. La conversión entre moneda fiduciaria y criptomonedas sigue regulada, pero ya no es la única actividad central. La conversión entre diferentes activos virtuales, transferencia de valor, ejecución de pagos, etc., también entran en el ámbito de evaluación y regulación de AUSTRAC.

Segundo, el ritmo regulatorio pasa de ser ex post a ser ex ante. Bajo el nuevo marco, solo completar el registro (enrolment) ya no basta para obtener la autorización para operar. Para los servicios relacionados con activos virtuales, las empresas deben obtener una confirmación de registro (registration confirmation) de AUSTRAC, y no podrán ofrecer servicios antes de obtenerla.

Tercero, el foco de cumplimiento se traslada de “¿está registrado?” a “¿tiene capacidad de cumplir de forma sostenible?” AUSTRAC ya no se preocupa solo por la documentación formal, sino por si la empresa realmente comprende el tipo de servicio que ofrece, las rutas de fondos y los riesgos asociados, y si tiene la capacidad de cumplir continuamente con las obligaciones AML/CTF.

Esto significa que el espacio para “lanzarse primero y cumplir después” en la regulación actual se ha reducido claramente.

Cambio en el rol de la DCE: de “pase” a “etiqueta de tipo de servicio”

Bajo la nueva estructura AML/CTF, la DCE no será eliminada, pero su significado legal ha cambiado. Antes de 2026, “tener una DCE registrada” equivalía casi a “poder realizar intercambios de criptomonedas de forma legal en Australia”; después de 2026, la DCE se posiciona más precisamente como una categoría específica de servicio dentro del sistema de regulación de servicios de activos virtuales de AUSTRAC. La capacidad de operar legalmente dependerá de tres cuestiones más sustantivas:

• Qué servicios relacionados con activos virtuales realmente se ofrecen;
• Si estos servicios han obtenido la confirmación de registro;
• Si el sistema de AML/CTF asociado está alineado con los riesgos de los servicios.

En este contexto, simplemente decir “¿tiene DCE?” ya no es suficiente para describir el estado de cumplimiento de una empresa.

Segunda línea de regulación: ¿Por qué ASIC introduce el marco de “plataformas y custodia de activos digitales”?

Si la reforma de AUSTRAC resuelve la cuestión de si los fondos circulan de forma conforme, el núcleo del interés de ASIC es: quién custodia y controla los activos en nombre del cliente, y quién asume la responsabilidad legal en caso de riesgos. Esta lógica se refleja en el proyecto de ley “Regulating Digital Asset Platforms–Exposure Draft Legislation” publicado en 2025 por el Ministerio de Finanzas. La propuesta busca, mediante enmiendas a la Ley de Sociedades de 2001, incluir de forma clara ciertos tipos de plataformas de activos digitales y esquemas de custodia en el marco de regulación de productos y servicios financieros. La regulación no se basa en si los activos virtuales son valores, sino en su función y control. Los aspectos clave son:

• ¿La plataforma mantiene las claves privadas en nombre del cliente?
• ¿Gestiona saldos de cuentas o libros internos?
• ¿Tiene control sustantivo sobre la transferencia de activos?

Si la actividad toca estos aspectos, el rol legal de la plataforma deja de ser solo un intermediario técnico o un sujeto de obligaciones anti-lavado, y pasa a ser un proveedor de servicios financieros que gestiona activos en nombre del cliente, generalmente requiriendo una licencia AFSL y cumpliendo con requisitos más estrictos de conducta, gobernanza y protección de activos.

La verdadera línea divisoria en la regulación de activos virtuales en Australia

Australia adopta una regulación altamente basada en funciones y en niveles, donde la evaluación clave no es si los activos son criptomonedas, sino si la plataforma empieza a gestionar y controlar activos en nombre de terceros. Cuando el negocio solo implica intercambios, transferencias o pagos, el riesgo principal es la conformidad del flujo de fondos, y la regulación se centra en AML y financiamiento del terrorismo, permitiendo operar mediante registro en AUSTRAC, confirmación de registro y cumplimiento continuo.

Pero si el modelo evoluciona hacia la custodia de claves privadas, gestión centralizada de activos, o mediante esquemas de cuentas que generan derechos de saldo para los clientes, la naturaleza del riesgo cambia. La dependencia crediticia del cliente en la plataforma se vuelve central, y el negocio ya no puede limitarse a obligaciones anti-lavado, sino que debe encuadrarse en la regulación de servicios financieros de ASIC, obteniendo la licencia AFSL.

En otras palabras, para transferencias simples, basta con AUSTRAC; pero si se gestionan activos en nombre de terceros, hay que pasar a la regulación de servicios financieros de ASIC. Esa línea divisoria constituye la lógica fundamental del sistema regulatorio de activos virtuales en Australia.

¿Todavía es necesario registrar la DCE ahora, en 2026?

En este contexto, la decisión de “hacer la DCE ahora” ya no es una cuestión de sí o no, sino una estrategia en una fase. Para las empresas que planean operar a largo plazo en Australia en intercambios o pagos con criptomonedas, y que ya tienen un modelo relativamente claro, completar el registro DCE actual tiene sentido práctico: ayuda a construir un historial de cumplimiento, a implementar el sistema AML/CTF con anticipación y a preparar la base para la confirmación de registro futura.

Pero hay que tener en cuenta claramente: la DCE actual solo es una base transitoria, no el cumplimiento final después de 2026. Sin importar si se registra ahora o no, en el futuro será inevitable completar la confirmación de registro bajo el nuevo marco y aceptar una supervisión más estricta y anticipada.

La clave del camino en Australia no es la DCE, sino la lógica regulatoria en sí misma

Si se busca una evaluación de alto nivel del sistema de regulación de activos virtuales en Australia, quizás la conclusión sea: Australia no intenta resolver todos los problemas con una nueva licencia, sino que, mediante una división funcional, integra progresivamente los servicios de activos virtuales en su marco legal existente. La DCE sigue existiendo, pero solo como una etiqueta de entrada en ese sistema. La verdadera determinación del camino de cumplimiento depende de cómo las empresas aborden en su diseño de negocio las cuestiones clave de “intercambio, transferencia, custodia y control”. Después de 2026, entender la lógica regulatoria en sí misma será mucho más importante que centrarse en una licencia o registro específicos.