La Corte Federal Australiana multó a BPS Financial con 9,7 millones de dólares por operar su Qoin Wallet sin licencia y hacer afirmaciones engañosas sobre su funcionalidad.
La Corte Federal Australiana ha ordenado a la proveedor de pagos en moneda digital BPS Financial pagar una penalización total de 9,7 millones de dólares (AUD$14 millones) tras una larga batalla legal por la promoción y operación no autorizada de su producto cripto Qoin Wallet. La multa total refleja dos áreas principales de conducta indebida identificadas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).
Según un comunicado de ASIC, la corte asignó 1,39 millones de dólares por conducta sin licencia, señalando que BPS operó sin una Licencia de Servicios Financieros Australiana durante casi cuatro años. Los 8,31 millones de dólares restantes fueron ordenados por conductas engañosas y fraudulentas, específicamente respecto a declaraciones falsas hechas al público sobre la funcionalidad de la billetera.
Además, la corte prohibió de forma permanente a BPS Financial realizar más declaraciones falsas o engañosas sobre la Qoin Wallet o los tokens Qoin. Esta orden judicial prohíbe específicamente a la empresa tergiversar el número de titulares de la billetera, afirmar que los tokens Qoin pueden intercambiarse fácilmente por moneda fiduciaria u otros criptoactivos, o sugerir que el producto ha recibido aprobación o registro oficial del gobierno.
La empresa también ha sido restringida durante 10 años para realizar cualquier negocio de servicios financieros sin la licencia adecuada. BPS también debe publicar un “aviso de publicidad adversa” en sus plataformas para asegurar que los usuarios actuales y potenciales estén plenamente informados de los hallazgos legales.
Leer más: Actualizaciones del Regulador Australiano sobre la Clasificación de Activos Digitales como Productos Financieros
El presidente de ASIC, Joe Longo, dijo que la magnitud de estas multas subraya la gravedad de la conducta indebida de la empresa. Enfatizó que los proveedores deben tener las licencias apropiadas y que los inversores deben poder tomar decisiones basadas en declaraciones claras y correctas, especialmente dado el carácter inherentemente arriesgado de los productos cripto.
La jueza Downes, en su fallo, describió las acciones de la empresa como “conducta grave e ilícita” que tuvo lugar entre principios de 2020 y mediados de 2023. Señaló que la multa sustancial por declaraciones engañosas fue necesaria para tener en cuenta la “imprudencia objetiva” de la conducta y la participación directa de la alta dirección.
Más allá de las multas multimillonarias, la corte ordenó a BPS cubrir la mayoría de los costos legales incurridos por ASIC durante el proceso. Dado que la industria de activos digitales sigue siendo una prioridad para los reguladores, este caso destaca que no se tolerará la innovación a costa de la seguridad del consumidor y la transparencia legal.